Institución fundada en el año 1917 por los médicos con ejercicio en Bizkaia para su representación institucional, regular la práctica profesional y establecer una normativa ética, la defensa de la profesión médica y la de los intereses profesionales de los colegiados, siendo su primer presidente Enrique de Areilza y su primer órgano de expresión un boletín mensual que se incluía dentro de la revista Gaceta Médica del Norte.

Aunque ya desde finales del siglo XIX tuvieron lugar reuniones de médicos bilbaínos encaminadas a la creación de un colegio y que un Real Decreto nº 105 de 12 de abril de 1898 ordenaba la instauración de Colegios de Médicos en todas las capitales de provincia, Bilbao tardó mucho en hacerlo, más de diez años después que las vecinas Álava y Gipuzkoa. Tal vez influyera en este retraso la creación de la Academia de Ciencias Médicas, que daba satisfacción a gran parte de los anhelos de los galenos bilbaínos, o quizás fuera por la resaca de dos intentos fallidos: el del Colegio Médico-Farmacéutico Vasco-Navarro, que contaba en 1899 con 500 socios y fue disuelto en virtud de aquel Real Decreto, y el que supuso el Colegio Médico Farmacéutico del Nervión, que agrupaba a profesionales de ambas disciplinas de los municipios de las márgenes de la Ría, y cuya vida fue muy corta. Sin embargo, no puede ser desechada la hipótesis de que fuera el espíritu liberal de Bilbao el que se mostrara reacio a aceptar unas normas impuestas por decreto.

 La colegiación era obligatoria y la práctica totalidad de médicos en ejercicio se inscribió sin crear problemas. En un principio, las funciones del Colegio incluían algunas propias de las que años después realizarían los sindicatos, las mutuas o los jueces. Así, la lectura de los primeros boletines editados en el año 1919, revela que las principales preocupaciones expresadas se referían al intrusismo médico, a los abusos de algunos ayuntamientos que no pagaban a sus galenos o que imponían unas tarifas inferiores a las establecidas por el colegio. También se preocupaban por conseguir ayudas económicas para las viudas e hijos de compañeros fallecidos, estableciendo para ello las cuotas y derramas propias de un sistema de pensiones propio.

Pero el paso del tiempo fue obligando a cambiar aquellas primeras ocupaciones. La creación a escala nacional de Previsión Sanitaria Nacional liberó al Colegio de su actividad mutual, persistiendo solamente el patronato de huérfanos de médicos, orientado a proporcionar estudios a los hijos de compañeros fallecidos. La ordenación legal de la Medicina rural y el establecimiento de cuerpos nacionales con salarios comunes dificultó notablemente los abusos de los alcaldes y trasladó la reivindicación profesional a un plano nacional.

Durante la dictadura franquista, la vida del colegio languideció, aunque mantuvo una actitud de defensa de la profesión encomiable; sobre todo durante el largo periodo en que José Ramón Repáraz fue Secretario, primero, y presidente después. Fue destacable en esta etapa la creación del Igualatorio Médico Quirúrgico, impulsada por el Colegio aún sin ser un “igualatorio colegial” como los creados en algunas provincias.

Durante los años setenta el Colegio vivió años de inquietud. Bajo la presidencia de Andrés Aya se realizó el “Plan de Salud de Berriz”, intento de análisis de la situación sanitaria y de búsqueda de reformas. Vinieron después algunos escándalos originados por malas inversiones económicas que dañaron la imagen colegial.

A partir del año 2000 el Colegio se ha sosegado, ha abandonado todo aquello que no es función propia, y se ha centrado en la ordenación del ejercicio profesional, la labor de formación continuada de los médicos, y en el desarrollo de su comisión de deontología. Tal como se dice en su página Web: “La Misión del Colegio de Médicos de Bizkaia debe ser, y es entre otras, la de ser garante ante la sociedad de la buena praxis profesional, de la ética y del conocimiento de sus médicos. Los médicos deben sanar, prevenir, educar... Y deben hacerlo siguiendo unas normas que siempre han de respetar: las impuestas por la sociedad (la legislación ordinaria) y las autoimpuestas (el código de Deontología Médica)”