A finales de los años 70 se estaba dilucidando entre las nuevas autoridades si se debía o no reestructurar la Corporación Administrativa Gran Bilbao. El nuevo alcalde de Bilbao, surgido en las primeras elecciones, tras 40 años de dictadura, Jon Castañares, y por tanto, presidente de la Comisión Ejecutiva del Gran Bilbao, pretendía democratizar dicha corporación. Llegaron estos gestores a sostener que no podía ser que se diese prioridad a las pretensiones de Bilbao y de los delegados de la administración central y en cambio estuviesen ausentes los municipios interesados. En apenas unos meses se pasó de pensar en reestructurar el Gran Bilbao a que desapareciese. No podía ser que el Consejo General Vasco fuese en urbanismo la máxima institución y que no se le hubiese dado la transferencia sobre el Gran Bilbao.

 Los arquitectos José Miguel Abando y Antón Agirregoitia, del Consejo General Vasco, sostuvieron que con su antigua composición no podía existir una mancomunidad forzosa ya que ellos creían en una mancomunidad voluntaria. Desde el Consejo General Vasco eran más partidarios de crear oficinas técnicas al servicio de los municipios más que un organismo de tipo político. Las nuevas instituciones surgidas de la democracia trataron de encontrar el marco legal para poner fin a esa entidad netamente franquista. En 1979 se encontraba desfasada, tanto político como funcional, porque seguía rigiéndose por un marco jurídico que venía funcionando igual desde los años 40. No respondía a criterios de representación y participación de las corporaciones locales. Los ayuntamientos no podían consentir que sus intereses se vieran perjudicados por los de esta entidad.

 A finales del mes de Diciembre de 1979 desde la propia Corporación Administrativa Gran Bilbao se acordó encomendar a los profesores Ramón Martín Mateo y Pedro Larrumbe un estudio en torno a esta corporación. Con el cambio político e institucional trajo la incertidumbre sobre su continuidad. En el estudio constataron que el anexionismo fue una política funesta que no hizo sino agravar los problemas e incrementó la desconfianza al postergar a las poblaciones periféricas y a que el municipio dirigiera todas sus actuaciones al centro antiguo, a los lugares de prestigio y a las calles principales. Falló el sistema y creó mayor confusión al panorama urbanístico. El Gran Bilbao ni siquiera cuidó sus relaciones públicas con el resto de municipios. Ejercía una función de control del urbanismo, fue ineficaz, al no poder realizar ni la mayoría de las obras previstas ni de llevar adelante los costosas estudios encargados a profesionales de fuera del País Vasco sin haber sabido defender sus competencias. Consideraron que la Corporación Administrativa Gran Bilbao no constituía una fórmula válida para esos tiempos y sostuvieron que debía de suprimirse.