A inicios de 1960, el delegado provincial del Ministerio de la Vivienda, el ingeniero Ignacio Menchacatorre, sostenía el éxito en resolver el déficit en vivienda, desde la creación del Ministerio de la Vivienda de los cuatro planes de urgencias social, Madrid, Barcelona, Asturias y Bizkaia.

El 20 de Noviembre de 1961 era aprobado el Plan Nacional de la Vivienda con el propósito de acabar con el déficit, reponer el patrimonio inmobiliario y promover entre la iniciativa privada la construcción de viviendas junto a la preparación de suelo barato por parte de la gerencia de urbanismo a través de los polígonos. En Bilbao serían junto al de Otxarkoaga el del Ensanche de Begoña y de Txurdinaga además del Valle de Asúa. Junto a la escasez de suelo estaba la renovación legislativa de la Ley de Arrendamientos Urbanos que suprimiría el bloqueo de los alquileres y descongelaría los arrendamientos, trayendo consigo el estímulo a la inversión privada en la construcción.

La revisión del Plan General de Ordenación Comarcal de 1961 tuvo una lectura negativa porque únicamente limitó más las zonas edificables e hicieron que subiera de manera extraordinaria el precio de los solares encareciendo la construcción de viviendas. Ante esta realidad la posibilidad del Valle de Asúa como expansión de Bilbao era la lógica. El problema era que Bizkaia seguía actuando como foco de atracción de los movimientos migratorios y no había viviendas a un precio asequible. El problema de haber dejado en manos de la iniciativa privada la construcción y el desarrollo de la ciudad fue que este casi nunca resolvía la urbanización ya que estudiaban como llegar al máximo aprovechamiento para construir el mayor número de viviendas en la menor superficie y obtener el máximo beneficio posible.

En la trama urbana había más de 5.000 viviendas vacías eran pisos que se mantenían por sus dueños sin vender especulando. Se propuso el gobierno variar la ley de viviendas al promulgar el decreto 24 de Julio de 1963 de Viviendas de Protección Oficial para adaptarse a las nuevas circunstancias y sustituir las viviendas subvencionadas y renta limitada. A las VPO concedería toda clase de beneficios, exenciones, bonificaciones tributarias, prestamos con intereses, anticipos, subvenciones y primas a fondo perdido. Ese mismo año se decretaría el primer plan de desarrollo económico y social si bien tenía carácter indicativo para la iniciativa privada era vinculante para la pública. Pretendieron reducir el coste de la vivienda para proporcionar más viviendas con el mismo volumen de inversión. Se les exigiría a las viviendas de protección estatal el empleo de materiales normalizados, simplificando la base del proyecto y abaratar el coste de los elementos de la construcción, un proyecto tipo definido que economizara los costes de la vivienda.

Fueron años de intensa actividad constructiva como respuesta al optimismo económico y a los cambios legislativos que propiciaron una reacción sin precedentes en la iniciativa privada en la construcción de viviendas. Si bien con ese avance cuantitativo llegó un retroceso cualitativo por la irresponsable actitud de los gestores por permitir a los promotores privados que impusieran criterios comerciales a través de una arquitectura pobre y repetitiva.