Esta sociedad se había constituido el 4 de Abril de 1949 y lo hizo en respuesta al déficit habitacional que sufrían los principales núcleos urbanos de Bizkaia. Detrás de esta iniciativa se encontraban el entonces presidente de la Diputación de Vizcaya, Javier Ybarra, el Conde de Arteche y el Conde de Cadagua, en representación de las fuerzas económicas de Bizkaia, agrupadas a través de la Diputación Provincial y fundada bajo su patrocinio. Desde un primer momento su actividad se orientó hacia dos ámbitos bien distintos, uno, el de la construcción de viviendas para particulares, que las adquirían en amortización, y otro, con destino a empresas que las financiaban para facilitarlas a sus empleados. Todo ello bajo los auspicios de la Caja de Ahorros Vizcaína, cuya reseña principal fue su labor benéfica con prohibición estatutaria de todo ánimo de lucro.

 Desde 1949 a 1959 la actividad de esta empresa constructora benéfica fue fecunda, pero a su vez se vio limitada, por no coincidir con una legislación apropiada a sus elevadas expectativas constructivas, según constataban los propios dirigentes de Viviendas de Vizcaya en las memorias anuales de dicha entidad. Tales memorias no hicieron sino confirmar que Viviendas de Vizcaya contribuyó durante esos años activamente en el desarrollo de buena parte de aquellos núcleos urbanos del Gran Bilbao, que se desarrollaban rápidamente dadas sus notables posibilidades de crecimiento.

 Sin embargo, Viviendas de Vizcaya se vio afectada por causas externas a su labor de adquisición de suelo y política constructiva porque en pocos años varió de signo la situación de la industria de la construcción. De una fuerte demanda sin consideración de la calidad y formalizada antes de la terminación de la vivienda, se había pasado a una acusada restricción de la demanda, que a su vez había reducido tanto el volumen de construcción como la actividad de la empresa constructora. La Constructora Benéfica Viviendas de Vizcaya durante 1959 quedó a su vez seriamente afectada por las dificultades de recaudación a los beneficiarios de los grupos en amortización y a numerosas empresas que habían encargado la construcción de viviendas pero que pasaban por extraordinarias dificultades económicas. El Gobierno por su parte, ante este tipo de circunstancias, reaccionaba de la única manera que venía haciéndolo desde 1957, al tratar de reactivar la construcción a través de sus propias entidades financieras, concediendo primas a fondo perdido y préstamos a largo plazo a través del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional.

 Las causas de aquellos conflictos económicos fueron diversas, pero sobre todas ellas destacarían las consecuencias de las medidas restrictivas del Plan de Estabilización. Las cuales habían disminuido notablemente los medios de pago del comprador y por la reducción de la aportación estatal mediante la modalidad de viviendas subvencionadas. Dicha ley al sustituir el sistema anterior de anticipos a largo plazo, que aportaban más beneficios, originó una disminución notable en la presentación de nuevos proyectos. La pretensión del Ministerio de la Vivienda fue hacer más viviendas con el mismo dinero invertido. El Gobierno, trató de paliar la crisis con la concesión de nuevos préstamos complementarios que reactivasen la puesta en marcha de nuevos planes de viviendas. Según Viviendas de Vizcaya, en 1958 se terminaron en Vizcaya 10.880 viviendas de las que 9.260 eran de protección estatal. En Bilbao, fue, donde menor número de viviendas se habían construido debido a la dificultad para encontrar suelo urbanizable. Sin embargo, a su vez fue en donde mayores problemas se producían para adquirir una vivienda.